El Congreso del Estado de Campeche aprueba la consulta popular y la revocación de mandato

· Así como el sancionar el robo a establecimientos comerciales

En su carácter de integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado de Campeche aprobó por mayoría el dictamen relativo a una minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Carta Magna federal, en materia de consulta popular y revocación de mandato.

Mientras que por unanimidad aprobó el dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, que busca prevenir, atender y sancionar el robo a establecimientos comerciales con el propósito de tutelar el patrimonio empresarial.

El primer dictamen es relativo a una Minuta proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VII, el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o. de la fracción VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, el primer párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, del párrafo segundo del artículo 116; la fracción III del Apartado A, del artículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Tiene como finalidad modificar la norma suprema de la Nación, con el propósito fundamental de establecer y regular el derecho de los ciudadanos para participar en los procesos de revocación de mandato y consolidar la figura jurídica de la consulta popular.

En el caso de las consultas populares, el documento señala que podrán ser convocadas por los ciudadanos de una o más Entidades federativas, en un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la Entidad o Entidades federativas que correspondan.

En tanto que la revocación de mandato tiene por objeto determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo por la pérdida de confianza ciudadana, es decir, cuando a juicio de los ciudadanos el gobernante muestre incapacidad para cumplir sus responsabilidades, incumpla sus compromisos y plataforma electoral o falle en el ejercicio de sus atribuciones.

Agrega que se podrá solicitar este procedimiento cuando se cuente con un número de peticionarios equivalente al tres por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, con una dispersión regional representativa de esa proporción en, al menos, 17 Entidades federativas, y que para que el resultado de la votación tenga el efecto de revocar el mandato ejecutivo conferido, la participación de las personas inscritas en la lista nominal de electores deberá ser, al menos, del 40 por ciento y una mayoría absoluta de los votos en el sentido de concluir anticipadamente la responsabilidad otorgada.

Antes de su aprobación, en contra del dictamen hablaron las diputadas María de los Dolores Oviedo Rodríguez y Nelly del Carmen Márquez Zapata, mientras que a favor lo hicieron los diputados María Sierra Damián y José Luis Flores Pacheco, dictamen que finalmente fue aprobado por mayoría, con 28 votos a favor y cinco en contra.

Y por unanimidad fue aprobado el dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido, que busca prevenir, atender y sancionar el robo a establecimientos comerciales con el propósito de tutelar el patrimonio empresarial.

Ya con la reforma, el citado artículo queda de la siguiente manera: “La sanción que conforme a este Código deba imponerse por la comisión del delito de robo simple, se aumentará de uno a tres años de prisión cuando se cometa en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o inhabitados pero destinados para habitación o en lugar cerrado, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. Comprende esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos. En los mismos términos se sancionará al que se apodere de un vehículo estacionado y no ocupado por persona alguna”.

Por otra parte, durante la décima tercera sesión ordinaria se dio lectura a dos iniciativas, la primera para adicionar el artículo 45 bis a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, y la segunda para reformar el párrafo IV del artículo 31 de la Ley de Los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, promovida por el diputado Oscar Eduardo Uc Dzul, documentos que fueron turnados a Comisiones.

Hicieron uso de la tribuna, en asuntos generales, los diputados Emilio Lara Calderón, exhortando a todos los sectores de la sociedad y a los campechanos en general, a sumarse en la defensa del territorio, ante la pretensión de las autoridades de Quintana Roo de apropiarse de una franja del Estado de Campeche, para que se respete lo que es

nuestro, lo que es de Campeche, pues el primero en historia es primero en derecho, hablando para hechos Francisco José Inurreta Borges, Álvar Eduardo Ortiz Azar y José Luis Flores Pacheco, éste último proponiendo un punto de acuerdo para exhortar al Estado de Quintana Roo a respetar la resolución emitida hace unos años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y emitir un recurso de queja ante la Suprema Corte por no haber cumplido esa resolución el Estado de Quintana Roo.

Por su parte Biby Karen Rabelo de la Torre presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado y al Presidente de México, para atender la problemática del desabasto de medicamentos en la Entidad, hablando para hechos María de los Dolores Oviedo Rodríguez, mientras que María Sierra Damián fijó su posicionamiento ante el derrame de hidrocarburos en la terminal marítima de Cayo Arcas, desde el pasado 4 de octubre.

Y de acuerdo al orden del día, se dio lectura a la correspondencia enviada por los Congresos de los Estados de Guerrero, Baja California Sur y Tlaxcala.

Con permiso de la Directiva no asistieron los diputados Etelvina Correa Damián y Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.

Mañana jueves, a las 11:00 horas, será la próxima sesión.