De acuerdo a la versión de los pobladores el dueño del terreno puso esa valla metálica que impedía el libre tránsito para acceder a la playa, por lo que los pobladores en forma de protesta ante la negativa del alcalde se unieron para destruirla y quemarla.
A pesar de que existe un amparo federal desde el 2022 para evitar que las personas que compren estas tierras las vuelvan privadas, el dueño del predio que se ubica sobre la calle 110 colocó la estructura la madrugada del lunes, lo que generó indignación entre los habitantes.
Los pobladores indicaron que no es la primera vez que sucede esto por lo que solicitan la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Cabe destacar que los habitantes de dicho puerto han manifestado en varias ocasiones su descontento ante la privatización de la playa.
